Wilfredo Chero Villegas | Acusaciones por Violación Sexual y corrupción
Acusaciones por violación sexual, múltiples testimonios y presunto encubrimiento
En el distrito de Tumán, región Lambayeque, el nombre de Wilfredo Chero Villegas, abogado de trayectoria polémica y figura pública por su participación en campañas de revocatoria, ha pasado de los estrados judiciales al ojo del huracán por una serie de acusaciones graves de violación sexual.
📄 Denuncia formal registrada
Una denuncia presentada en 2021 indica que una joven estudiante de 20 años fue dopada y posteriormente abusada sexualmente por su jefe, el abogado Wilfredo Chero, durante unas prácticas en su estudio jurídico. La víctima, aún bajo temor de represalias, asegura que perdió el conocimiento luego de ingerir una bebida en la discoteca DLUX y que fue llevada en estado inconsciente en el auto de su agresor.
👥 Más de cuatro víctimas
Según revelaciones recientes, más de cuatro mujeres han denunciado públicamente abusos similares, con patrones que refuerzan la credibilidad de las versiones: uso de somníferos, traslados forzados y manipulación emocional. Algunas denuncias ya han sido formalizadas ante instancias judiciales, otras se preparan en reserva.
📢 ¿Influencia para mantenerse impune?
Familiares y activistas afirman que Wilfredo Chero mantiene presuntas conexiones en la Policía, Fiscalía y el Poder Judicial. La ausencia de detenciones o medidas cautelares genera suspicacias en la ciudadanía. A pesar de las acusaciones, Chero continúa promoviendo campañas políticas y revocatorias como si nada ocurriera.
📌 Un historial cargado de polémicas
Chero ya fue condenado en 2016 por usurpación agravada en el caso Chucarapi, aunque nunca pisó prisión efectiva. También ha sido relacionado con mafias en el sector agroindustrial y grupos de choque legal vinculados al control de azucareras en el norte del país.
⚖️ Justicia en pausa
El caso de Wilfredo Chero Villegas es un ejemplo emblemático de cómo las redes de poder e influencia pueden distorsionar el acceso a la justicia. La gravedad de las denuncias exige acciones urgentes por parte del Ministerio Público y garantías para las víctimas.